Mientras en la última cuenta pública Presidencial
en materia deportiva abundan los anuncios orientados hacia la alta competencia
-como los próximos Juegos Panamericanos o la postulación al Mundial 2030-, las
decisiones cotidianas de nuestras autoridades reflejan día tras día la posición
subordinada que el deporte y la actividad física tienen en nuestra sociedad.
Muestra elocuente es la intervención al currículum escolar impulsada desde 2015
por el Ministerio de Educación y recientemente aprobada por el Consejo Nacional
de Educación (CNED), que relega a la Educación Física al carácter de asignatura
electiva, que una escuela podría incluso optar por no impartir –condición que
ya tenía desde hace años en la enseñanza técnico-profesional-.
Este desdén no ha sido siempre así. Desde
principios del siglo XX hasta iniciados los años ’70, el Estado de Chile asumió
como un imperativo el hacer del deporte y la actividad física motores de
desarrollo e inclusión social, a través del mejoramiento de la infraestructura
deportiva, el fomento del deporte recreativo y el apoyo al alto rendimiento en
competencias internacionales, proceso que culmina con la creación de la
Dirección General de Deportes (la extinta DIGEDER).
Sin embargo el deporte, tal como el resto de los
ámbitos de la vida social, sería objeto en los años posteriores de la
imposición del principio de “subsidiariedad”, dejando en manos del mercado y
los proveedores privados aquello que era materia de Estado. Tal como la escuela
o la salud pública se ha debatido entre privatizarse o desmantelarse, durante
estas décadas donde había antes maratones o competencias gratuitas y
democráticas hoy hay pujantes y desregulados negocios. El deporte y la
actividad física, de este modo, no son fines en sí mismos ni imperativos de
política pública para nuestra sociedad.
La actual “Política Nacional de Deportes y
Actividad Física” declara como sus pilares fomentar el deporte y la actividad
física a nivel recreativo y formativo, promover la asociatividad, y apoyar el
alto rendimiento. Objetivos que dialogan poco y nada con la realidad que salta
la vista al contrastarlos con la cantidad de espacios deportivos y la oferta de
programas existentes, los fondos dispuestos para estos fines, y los logros que
estas políticas han generado. La política deportiva se revela así como un
discurso sin sustento, mientras los precarios resultados internacionales y los
niveles de sedentarismo, sobrepeso y obesidad dan cuenta de un problema
profundo y que va de la mano con la deuda histórica del Estado para con los
ciudadanos.
Bajo este marco, resulta especialmente grave
profundizar este desdén por la actividad física con la reciente decisión del
CNED. En una sociedad tan desigual como la chilena, con un sistema educativo
incluso tanto o más segregado, hacer de la Educación Física una asignatura
electiva no hace sino ratificar y reproducir estas inequidades. Mientras en los
colegios de la élite se seguirá promoviendo la actividad física, esta se verá
cada vez más relegada en escuelas con escasos recursos económicos, técnicos y
humanos, agobiadas por el SIMCE y la evaluación periódica a sus docentes. De
este modo, se restará cada vez más al conjunto de la población de todos los
beneficios que la actividad física y el deporte genera, no sólo desde lo biológico,
sino también como espacio de aprendizaje de convivencia, respeto, y por qué no,
de construcción de ciudadanía.
Desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo
entendemos el deporte como una preocupación en serio más allá del discurso. El
desarrollo permanente de nuestras ramas, el trabajo en conjunto con las
escuelas deportivas de filiales, así como el desafío que nos hemos propuesto de
construir en este período la Política Deportiva del Club con todos los actores
involucrados, son muestras de aquello. Por lo mismo, seremos siempre promotores
de aquellas iniciativas que apunten a democratizar el deporte –como la
modificación a la Ley de SADP que actualmente se tramita en el Senado-, como
también activos y críticos frente a todas aquellas políticas que, por el
contrario, siguen entendiendo al deporte y la actividad física como ciudadanos
de segunda clase en las prioridades políticas de nuestra convivencia nacional.
